Consideraciones sobre el salario mínimo profesional

Imagen de la Jornada (gentileza FEPUC)

“Para las entidades colegiadas sigue siendo un motivo de gestión permanente ante legisladores provinciales y nacionales el retorno al orden público de honorarios, herramienta que permitiría asegurar un piso de retribuciones justas para las actividades profesionales”, señala la presidente del Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Bioq. Esp. Silvia Zamory.

Por Bioq. Esp. Silvia Zamory

Presidente del Colegio de Bioquímicos de Córdoba

El 24 de abril tuvo lugar en Córdoba un encuentro de federaciones nacionales de profesionales universitarios organizado por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc) y la Confederación General de Profesionales (CGP). El motivo fue analizar el concepto de “salario mínimo profesional”, un intento de fijar un “piso” para los salarios profesionales por actividad, que si bien obtuvo la aprobación de ambas cámaras entre 2015 y 2016, fue vetado por el Presidente Macri en diciembre de 2016.
El artículo de la ley de contrato de trabajo, aprobado oportunamente definía al Salario Mínimo Profesional, como aquel “establecido por las convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales con fuerza de tales o actos dictados por autoridad competente, en los que se determine la remuneración por categoría profesional de la actividad o empresa que corresponda, el que constituirá la menor retribución que deba percibir el trabajador”. La figura del Salario Mínimo Profesional había sido eliminada de la ley de Contrato de Trabajo durante la dictadura, en 1976.

Si bien la Senadora Laura Rodríguez Machado, presente en la mesa de debate, argumentó que el artículo no venía a resolver la problemática de  precarización laboral de los profesionales y que es necesario,  para ello,  buscar otros instrumentos, no queda claro para la mayoría de las entidades profesionales cómo salir de la situación de informalidad laboral ni cómo reflejar en los contratos laborales remuneraciones adecuadas y justas para las actividades profesionales.

Todo esto en un contexto de desregulación de honorarios profesionales, situación que limita a las instituciones colegiadas la posibilidad de establecer mínimos desde 1999.

Asimismo, se hizo referencia durante la jornada a la dificultad que muchos profesionales tienen para autodefinirse o percibirse como “trabajadores”, por lo que los sindicatos profesionales aún no alcanzan masivos niveles de agremiación en nuestro país.

Para las entidades colegiadas sigue siendo un motivo de gestión permanente ante legisladores provinciales y nacionales el retorno al orden público de honorarios, herramienta que permitiría asegurar un piso de retribuciones justas para las actividades profesionales.

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